El Gobierno nacional promulgó este lunes 9 el nuevo régimen penal juvenil, que establece la responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años y fija un marco específico de sanciones para quienes cometan delitos antes de alcanzar la mayoría de edad. La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 27.801, diez días después de haber sido aprobada por el Senado.
El nuevo sistema se aplicará a jóvenes de entre 14 y 18 años que sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo es promover en los adolescentes el reconocimiento de la responsabilidad por sus actos y fomentar procesos de educación, reintegración y resocialización.
La iniciativa obtuvo sanción definitiva en la Cámara alta con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras haber sido impulsada por el Poder Ejecutivo.
Qué establece la nueva ley
La normativa determina que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta los 18. Para estos casos se prevé un sistema que combina sanciones judiciales con medidas orientadas a la formación y la inclusión social.
Entre las herramientas contempladas figuran la asistencia obligatoria a programas educativos, capacitaciones laborales y la participación en actividades deportivas, culturales o recreativas. También se prevén instancias de formación ciudadana, tratamientos médicos o psicológicos cuando sea necesario y el acceso a servicios de salud adecuados a la edad de los adolescentes.
El régimen incluye además diferentes sanciones que podrán aplicar los jueces. Entre ellas se encuentran la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para asistir a determinados lugares o eventos y la prohibición de conducir vehículos en ciertos casos. Asimismo, se incorpora la posibilidad de implementar monitoreo electrónico.
Otra de las medidas previstas es la prestación de servicios comunitarios, que implica realizar tareas de interés social en instituciones públicas o entidades sin fines de lucro, como hospitales, escuelas u organizaciones dedicadas al bien común. También se contempla la reparación del daño causado a la víctima.
Cuando se determine una pena privativa de libertad, la ley establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en centros especializados para adolescentes.
La normativa también fija que los menores detenidos no podrán compartir espacios con personas adultas y dispone que los establecimientos destinados a su alojamiento deberán contar con personal capacitado para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal.
En cuanto a las penas, el nuevo régimen establece límites claros: se prohíbe la aplicación de prisión o reclusión perpetua a menores de edad y se fija un máximo de 15 años de privación de libertad, incluso en delitos que tengan escalas penales superiores.
Además, la ley incorpora mecanismos que permiten evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos, como la mediación penal juvenil, la aplicación de criterios de oportunidad por parte de los fiscales y la suspensión del proceso a prueba, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
El cumplimiento de las medidas será supervisado por profesionales especializados designados por la Justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la situación personal, educativa y social de los adolescentes e informar sobre su evolución.
Entre los principios que rigen el nuevo sistema se destacan el respeto por la dignidad del menor imputado, el derecho a la defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la confidencialidad de las actuaciones judiciales. En ese sentido, también se prohíbe difundir datos que permitan identificar a menores involucrados en causas penales.
Con la entrada en vigencia de esta norma queda derogada la Ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores. Además, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los principios establecidos por el nuevo régimen.