La investigaciĂłn judicial que busca determinar si existiĂł un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, sumĂł en las Ăşltimas horas una serie de nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir con precisiĂłn el origen de sus ingresos, gastos y movimientos patrimoniales.
La fiscalĂa ampliĂł el alcance de la pesquisa con pedidos de informaciĂłn dirigidos a organismos pĂşblicos y privados, con el objetivo de analizar actividades laborales, declaraciones juradas, operaciones comerciales, movimientos en propiedades y posibles inversiones en activos digitales.
Uno de los requerimientos más relevantes está vinculado a una causa judicial que involucra a Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario nacional. En ese marco, el fiscal solicitó una certificación integral del expediente para conocer los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia relacionada con bienes, dinero en efectivo o cuestiones sucesorias que pudieran tener conexión con la investigación principal.
Los investigadores intentan establecer si existe algĂşn vĂnculo entre esa causa y la evoluciĂłn patrimonial de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
RevisiĂłn de antecedentes laborales
Como parte de las medidas dispuestas, la fiscalĂa pidiĂł informaciĂłn al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre eventuales relaciones laborales o contractuales que Manuel Adorni hubiera mantenido con la FundaciĂłn Iberoamericana de Estudios Superiores entre los años 2017 y 2023.
El requerimiento incluye detalles sobre funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas, honorarios y cualquier antecedente administrativo relacionado con esas actividades. La misma informaciĂłn fue solicitada respecto de Bettina Angeletti para el perĂodo comprendido entre 2018 y 2023.
Además, los investigadores requirieron copias de declaraciones juradas patrimoniales que ambos pudieran haber presentado ante distintos organismos.
La lupa sobre una propiedad en un barrio privado
Otra de las lĂneas de investigaciĂłn se concentra en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club. La fiscalĂa solicitĂł los registros de ingresos y egresos al predio entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para identificar a proveedores, contratistas, empresas de servicios y personal de obra que hayan participado en trabajos de remodelaciĂłn, equipamiento o acondicionamiento de la propiedad.
También se requirió información sobre el ingreso de muebles, electrodomésticos y otros bienes, además de la identificación de las personas encargadas de recibir esos elementos.
Consultas sobre la situaciĂłn habitacional de la madre del funcionario
Dentro del expediente tambiĂ©n se incorporĂł un pedido de informes relacionado con Silvia Pais, madre de Manuel Adorni. A raĂz de publicaciones periodĂsticas, la fiscalĂa solicitĂł a la administraciĂłn del barrio privado Fincas de Iraola 2 que informe si la mujer reside allĂ, desde cuándo ocupa el inmueble y bajo quĂ© modalidad lo hace.
En caso de tratarse de una vivienda alquilada, se requiriĂł la presentaciĂłn del contrato, detalles de los pagos realizados y documentaciĂłn respaldatoria correspondiente.
Una compra millonaria bajo análisis
La investigaciĂłn tambiĂ©n puso el foco en una operaciĂłn comercial detectada durante el análisis de documentaciĂłn incorporada al expediente. Por ese motivo, la fiscalĂa pidiĂł informaciĂłn a la empresa Industria Argentina del Descanso S.A., responsable de la marca Rosen The Store.
El requerimiento está relacionado con una factura emitida en junio de 2025 por más de 8 millones de pesos. Los investigadores buscan determinar quién efectuó el pago, cuál fue el medio utilizado, cuándo se concretó la operación y cuál fue el destino final de los productos adquiridos.
Asimismo, se solicitĂł informaciĂłn sobre la entrega de la mercaderĂa y la identidad de las personas que la recibieron.
InvestigaciĂłn sobre activos digitales
Otro de los capĂtulos que comenzĂł a desarrollarse dentro de la causa está vinculado con posibles operaciones en criptomonedas y otros activos digitales.
En ese sentido, la fiscalĂa requiriĂł a la ComisiĂłn Nacional de Valores un relevamiento de plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de criptoactivos que hayan operado en el paĂs desde 2012 hasta la actualidad.
La solicitud incluye datos sobre el marco regulatorio vigente en cada perĂodo, antecedentes de supervisiĂłn y la situaciĂłn legal de las distintas empresas involucradas en el sector.
Las medidas ordenadas por la fiscalĂa establecen un plazo de 72 horas para que los organismos y entidades requeridas remitan la documentaciĂłn e informaciĂłn solicitada, que será incorporada al expediente para avanzar con el análisis patrimonial.