El Gobierno nacional oficializó la entrega de un anticipo financiero por un total de $400.000 millones destinado a doce provincias, en el marco de una medida que busca aliviar tensiones fiscales y sostener las cuentas de distritos con afinidad política a la gestión de Javier Milei.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa establece que la distribución de los fondos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda, que definirá los montos para cada provincia en función de su capacidad de devolución.
Entre las jurisdicciones alcanzadas por este esquema se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El criterio central para el reparto estará vinculado a la participación de cada distrito en la recaudación de impuestos nacionales, lo que permitirá calcular su capacidad de repago.
A diferencia de otros mecanismos de asistencia, este anticipo no será un aporte no reintegrable. Según lo dispuesto, las provincias deberán devolver los fondos con una tasa fija nominal anual del 15%. El esquema de devolución contempla la posibilidad de aplicar descuentos automáticos sobre los recursos que reciben por coparticipación federal, en línea con lo establecido por la legislación vigente.
En ese sentido, el decreto habilita al Gobierno nacional a instrumentar la recuperación de los montos mediante retenciones directas de los fondos coparticipables u otras fuentes de financiamiento sin asignación específica. Además, la Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de acordar con cada provincia las condiciones particulares, incluyendo plazos, cronogramas de pago y modalidad de desembolso.
Como requisito clave, cada jurisdicción deberá autorizar expresamente la afectación de sus recursos para garantizar la devolución del dinero recibido más los intereses correspondientes. Esto implica que, ante eventuales incumplimientos, el Estado nacional podrá ejecutar retenciones automáticas para asegurar el recupero de los fondos.
La medida se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones entre Nación y provincias por la distribución de recursos. En este escenario, el Gobierno busca brindar asistencia financiera sin resignar su objetivo de equilibrio en las cuentas públicas, combinando ayuda económica con mecanismos que aseguren el repago por parte de los distritos beneficiados.