La investigación por la clínica clandestina que operaba bajo el nombre “Argentina Salud” en González Catán continúa sumando elementos que comprometen seriamente a sus responsables. Lo que comenzó como una denuncia aislada por el uso indebido de una matrícula profesional terminó destapando una presunta estructura dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, la falsificación de documentación y otras maniobras que ahora son analizadas por la Justicia.
El caso salió a la luz luego de que la médica Romina Neira descubriera que estaban utilizando su nombre, sello y matrícula sin autorización. La profesional fue alertada por una colega que encontró certificados médicos emitidos con sus datos, aunque con una especialidad distinta a la suya. A partir de esa situación, se inició una investigación que permitió detectar que más de 50 profesionales de la salud habrían sido víctimas de maniobras similares.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate. Con el avance de las tareas investigativas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos simultáneos en clínicas, consultorios, domicilios particulares, farmacias y depósitos vinculados a la organización.
Durante los operativos, realizados por efectivos de la Policía Federal, fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados aparece Alberto Santarceri, señalado como propietario de la clínica investigada. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y comercialización ilegal de medicamentos.
En las últimas horas, un nuevo hallazgo agravó aún más la situación judicial de los sospechosos. En un vehículo perteneciente al padre de Santarceri, los investigadores encontraron una valija con cerca de 50 sellos médicos presuntamente falsificados. Para los fiscales, esta prueba reforzaría la hipótesis de que dentro de la clínica se emitían certificados truchos y trabajaban personas sin habilitación profesional.
La Justicia no descarta que en los próximos días se sumen nuevas imputaciones, especialmente por posibles estafas a pacientes y fraude documental, mientras continúan analizando el material secuestrado durante los allanamientos.