La causa judicial contra Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco haciéndose pasar por profesional de la salud, podría entrar en una etapa decisiva en las próximas horas. El fiscal Marcelo Soto analiza resolver su situación procesal y no se descarta que solicite la prisión preventiva de la imputada, quien permanece detenida en Sáenz Peña desde su captura en la provincia de Buenos Aires.
El plazo judicial para definir medidas procesales vence esta semana. El miércoles se cumplirían los diez días establecidos para avanzar con una resolución, aunque la definición podría sufrir demoras debido a la licencia solicitada por el fiscal el pasado viernes. Aun así, la investigación continúa avanzando con nuevas pruebas y pericias.
Uno de los puntos clave será la junta médica prevista para este viernes en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde especialistas analizarán distintos elementos vinculados a la causa. El informe podría aportar datos determinantes sobre la actuación de Ojeda y su posible responsabilidad en casos bajo investigación.
La mujer, de 43 años, enfrenta cargos por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, este último relacionado con la muerte de un paciente de 63 años ocurrida el 21 de diciembre pasado en el hospital de Quitilipi.
Según la investigación, Ojeda habría utilizado la matrícula profesional de un médico real, Horacio Daniel Vázquez, para desempeñarse en distintos hospitales públicos del Chaco. La fiscalía sostiene que firmó recetas, diagnósticos y certificados médicos, incluyendo al menos nueve certificados de defunción.
Solo en el hospital de Quitilipi, donde habría trabajado desde mayo de 2025, se estima que atendió a más de 1.200 pacientes. Las sospechas comenzaron tras denuncias realizadas por médicos y enfermeros de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, quienes detectaron inconsistencias en sus conocimientos y procedimientos durante las guardias.
Tras las primeras denuncias, Ojeda abandonó la provincia y fue localizada días después en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde fue detenida en un operativo conjunto entre la Policía del Chaco y fuerzas de Buenos Aires.
Durante los allanamientos realizados en su domicilio, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes, documentación vinculada a pacientes, un sello oficial del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi y restos de papeles quemados, elementos incorporados al expediente judicial.
Mientras avanza la investigación principal, la fiscalía también analiza posibles nuevos casos de presunta mala praxis y no descarta determinar responsabilidades administrativas o penales de autoridades hospitalarias que habrían permitido su incorporación al sistema de salud sin verificar adecuadamente sus credenciales profesionales.